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Proponen que se quite el sexo de los DNI y los documentos oficiales


La propuesta es de la diputada nacional por Río Negro, Silvia Horne, para respetar el "género autopercibido".

La diputada nacional por Río Negro, Silvia Horne, del FpV, presentó un proyecto para eliminar la categoría “Sexo” en los DNI y en todos los documentos oficiales.

De acuerdo al texto impulsado por Horne se trata de una noción “falsa” y que ya no tiene “utilidad”. “El Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo cada persona lo siente”, argumentó la diputada.

La iniciativa pertenece a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FALGTB) y es acompaña por la legisladora del Frente para la Victoria (FpV).

El proyecto propone "eliminar la categoría de ‘sexo’ de cualquier documento público o privado; y garantizar la integridad, la autonomía y la diversidad corporal de todas las personas frente a intervenciones destinadas a modificar sus características sexuales para adecuarlas a los estándares médicos de asignación sexual o ‘normalidad’.

Además, señala que en la actualidad persiste una “falsa noción de sexo (basada en) la interpretación histórica, ideológica y cultural que se hace sobre ciertas diferencias anatómicas, especialmente, sobre la genitalidad y otras comúnmente denominadas características sexuales. Estas lecturas, que históricamente se han basado en paradigmas médicos/científicos, se suelen atribuir a la biología y se han asignado con carácter binario, existiendo como únicas posibilidades el binomio varón-mujer”.

El proyecto de Horne indica que las personas podrán pedir la supresión del “Sexo” de cualquier documento público o privado una vez que la ley entre en vigencia.

El proyecto también apunta contra los procedimientos médicos que puedan influir en la orientación de uno u otro sexo. La ley prohíbe “los tratamientos y procedimientos médicos forzados, coercitivos e involuntarios, invasivos y/o irreversibles, que modifiquen las características sexuales de una persona, con fines de asignación sexual”, indica.

Sin embargo, detalla que el Estado debe afrontar los costos de los tratamientos de quienes deseen cambiar su propia orientación.

Para las impulsoras, este nuevo documento profundiza aspectos de la Ley de identidad Género de 2012.
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