El texto aclara que el pedido está fundado en las facultades que le confiere a la Unidad de Información Financiera la ley 25.246. Dicha norma, en el inciso 1 del artículo 14 dice que el organismo antilavado podrá "solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley." Y agrega que en el marco del análisis de un reporte de operación sospechosa los sujetos obligados a informar no podrán oponer a la UIF el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
Esta requisitoria comenzó con el envío de al menos 20 notas a defensores de procesados por delitos relacionados con el narcotráfico. A la par, la UIF comenzó a notificar el inicio de sumarios por incumplimiento del deber de informar a escribanías que, como sujetos obligados, incumplieron con la obligación de emitir Reportes de Operaciones Sospechosas como así también a aquellos que no se inscribieron aún en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).