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El 2x1 y los costos de un fallo que descolocó a todos

El 2x1 y los costos de un fallo que descolocó a todos

Siento que tiramos a la basura el trabajo de doce años", dijo angustiado un secretario de la Corte, mientras miraba en la TV de su despacho a la multitud de manifestantes que desbordaban la Plaza de Mayo en rechazo a la sentencia que, una semana antes, había firmado el tribunal. Con el voto de tres jueces, los dos nuevos más Highton, se había convalidado la aplicación de la ley conocida como del 2 X 1 en el caso Muiña, beneficiando así en el cómputo de su condena a un ex represor por delitos de lesa humanidad, que ya estaba en libertad.
"Nunca un fallo de la Corte había tenido semejante repudio en todo el país", se lamentó este secretario que había sabido resistir durante años las quejas de familiares de militares detenidos, y de algunos sectores de la Iglesia y de la Asociación de Magistrados. Fue durante el largo proceso de reapertura y continuidad de los juicios por violaciones a los derechos humanos que encaró el tribunal desde que firmó en 2005 el caso "Simón", la sentencia histórica que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Esta política del tribunal, traducida también en la decisión de establecer el carácter imprescriptible de esos delitos, se veía ahora seriamente fracturada. La Corte de los siete, que había implementado esta doctrina durante diez años, desde 2005 hasta 2014, así como la Corte, que había seguido a la partida de cuatro de sus miembros, hasta el ingreso de Rosatti y Rosenkrantz, tenían claro que el compromiso de la Justicia con el "Nunca Más" era una política de Estado innegociable.
Pero el miércoles 3 de mayo de 2017, una ajustada mayoría de tres jueces declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, actualmente derogada, que reducía el cómputo de la prisión por tratarse de la ley más benigna.
Rápidamente, y ante tamaño rechazo político y social que provocó el fallo, el Congreso sancionó una ley que tapaba el "agujero legal" que había dado lugar a esa sentencia: señaló que la norma no era aplicable para los delitos de lesa humanidad, algo que anteriormente no había sido especificado. En el mismo sentido que la postura del Congreso habían votado -en minoría- los jueces Maqueda y Lorenzetti.
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