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Confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva de los once detenidos por el megacargamento de droga incautado en el galpón del barrio Santa Helena de Garupá

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el procesamiento con prisión preventiva para el grupo de personas detenido en el acceso al barrio Santa Helena de Garupá luego de que la Policía Federal hallara en un galpón un cargamento de más de cuatro toneladas de marihuana.
Gustavo Hernán Castillo y Silvio César Jiménez están acusados de ser los organizadores de una asociación ilícita, delito en el que habrían incurrido “en concurso real con tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en calidad de coautores (art. 210 segundo párrafo del C.P., arts. 5 inc. c) y 11 inc. c) de la Ley 23.737)”.
Por su parte, A. F. Ferreyra y M. A. Ramírez fueron procesados como miembros de asociación ilícita, ocurrida “en concurso real con tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en calidad de coautores (art. 210 primer párrafo del C.P., arts. 5 inc. c) y 11 inc. c) de la Ley 23.737)”.
Y P. J. Martínez Amarilla, M. G. Cuguejo Rivarola, M. Legal Díaz, A. L. Del Valle Galeano, R. J. Algarin, M. A. Ramírez y de S. A. Max fueron imputados por tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas (arts. 5 y 11 inc. c) de la Ley 23.737).
Efectivos del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales de la Policía Federal desarrollaron durante un año y medio importantes tareas de investigación criminal que incluyeron registros fotográficos, fílmicos, escuchas telefónicas, tareas de campo y entrecruzamiento de datos. Como resultado, se consiguieron diversos medios de prueba para detener a los involucrados.
El personal de la fuerza, como resultado de la exhaustiva pesquisa, logró ubicar al principal involucrado en la maniobra en un galpón del acceso al barrio Santa Helena, a un kilómetro de la rotonda de la rutas nacionales 12 y 105.
El 5 de agosto del año pasado, una vez identificado el camión que trasladarían una megacarga de droga, los uniformados requisaron el inmueble, y detuvieron a once personas. Allí se detectaron las más de 4 toneladas de marihuana escondidas entre bolsas de carbón y fruta. En total fueron 4.070,896 kilos de la droga verde.
También se incautaron tres camiones, un auto elevador, nueve celulares, dos vehículos con patente paraguaya, 420.000 guaraníes, 19 dólares y 1.400 pesos.
Bajo las órdenes del Juzgado Federal 1 de Concepción del Uruguay, a cargo del Dr. Pablo Seró, se arrestó a los implicados y se secuestró el cargamento de droga. Tiempo después, el magistrado remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Posadas por razones de competencia.
“Este operativo implicó un trabajo de muchos meses de la Policía Federal. La banda tenía un sistema para cruzar la droga y un lugar de acopio en Garupá. Los lugares de venta eran, fundamentalmente, Córdoba y Santa Fe. Utilizaban unos camiones para disimular la droga con carbón, con fruta y otras cosas”, expresó en su momento la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Las intervenciones telefónicas conjuntamente con los informes suministrados por la Policía Federal en base a las tareas de inteligencia y los datos iniciales que surgen de las declaraciones de los testigos de identidad reservada, permitieron verificar la existencia de un acuerdo de voluntades, como la conexión entre los imputados sea horizontal como vertical –tanto de los jefes u organizadores entre sí, como con los restantes miembros de la asociación– y que tal organización se vincula al narcotráfico. Ello descarta toda hipótesis conjetural acerca de que sus respectivas sujeciones a este proceso son producto una mera casualidad”, concluyeron los camaristas Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldú.
“La intervención de los funcionarios de la Policía Federal en las tareas encomendadas se encuentra suficientemente documentada en el proceso y con las formalidades exigidas por la ley (tanto la Ley 23.737, como las disposiciones del Código de Procedimiento Penal de la Nación en tanto norma reglamentaria del art. 18 de la Constitución Nacional), por lo cual sus respectivos testimonios en orden a cada una de aquellas intervenciones constituye un elemento que refuerza la seriedad de las investigaciones llevadas a cabo en materia de lucha contra el narcotráfico, de cara al contenido de las sendas escuchas telefónicas ordenadas y resultado positivo del allanamiento”, añadieron.
Para la Cámara de Apelaciones, la decisión del Juzgado Federal de Posadas, “se encuentra abrigo en legislación tanto procesal como de fondo que imponen una valoración conjunta frente a la necesidad de prosecución del proceso y la consiguiente incorporación de elementos probatorios que permitan en oportunidad de desarrollarse el Debate contar no sólo con material probatorio sino también con la presencia de los imputados a esos fines. Que ello es así dada la magnitud de las maniobras, la intervención de una pluralidad de personas en su ejecución, la gravedad del delito vinculado al narcotráfico, la existencia de conexiones y medios a efectos de entorpecer las investigaciones. Así también el riesgo de fuga cuya presunción surge tanto de las escalas penales como de los nexos con integrantes de fuerzas del orden, en virtud de las escuchas telefónicas y el contenido de las declaraciones prestadas bajo identidad reservada”.
Los once sospechosos quedaron a un paso del juicio oral.
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