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Pese al fallo de la Corte Suprema, las aduanas interiores siguen vivas



Pese al fallo de la Corte Suprema, las aduanas interiores siguen vivas

Si bien la Corte Suprema de Justicia terminó con un impuesto provincial que consideró una verdadera "aduana interior", quedan otros regímenes provinciales y tasas municipales que también limitan el comercio entre jurisdicciones dentro del país.
Por un lado, a nivel local se ha hecho común que los municipios de las jurisdicciones turísticas pretendan cobrar supuestas tasas por el sólo hecho de que los turistas ingresen o permanezcan en su territorio. Uno de esos casos es el municipio de San Carlos de Bariloche el cual creó hace tiempo la denominada "ecotasa" que se le percibe a cada turista que se aloje en la comuna por supuestos servicios turísticos, recordó el consultor tributario Richard Amaro Gómez.
Y no es el único caso. En el otro extremo del país, el municipio de Iguazú aplica la tasa denominada "ecoturística", que consiste en un monto fijo por persona por el solo ingreso a la ciudad , entre otros.
Si bien la tasa en cuestión sería habitual en el mundo, lo cierto es que al Estado nacional le ha disgustado la cuestión y ha planteado una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Provincia de Río Negro ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 8 de noviembre pasado, la procuradora fiscal Laura Monti dictaminó en la causa, sosteniendo que la misma corresponde a la competencia originaria de la Corte, aunque sin expedirse sobre el fondo del asunto.
En la acción interpuesta por el Estado nacional, éste esbozó entre otros argumentos, que la ecotasa vulnera la Constitución y la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. En otro orden de ideas, argumentó la Nación que la tasa cuestionada es en realidad un impuesto encubierto o simulado por no cumplir el requisito exigido por la doctrina y jurisprudencia de la Corte para quedar configurada como una tasa, dado que carece de la efectiva e individualizada prestación de un servicio estatal al contribuyente (o turista). En definitiva, requirió que se condene a ambos demandados a cesar en su aplicación y cobro, bajo apercibimiento de restringir la redistribución de fondos coparticipables.
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