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El nuevo pacto fiscal y el caso europeo




El nuevo pacto fiscal y el caso europeo

El pacto fiscal alcanzado por los gobiernos provinciales con la Nación ha sido motivo de festejo. Aún antes de que se apruebe en el Congreso y de que luego sea ratificado por cada una de las legislaturas del interior.
Sin embargo, aún sorteando estos trámites para la entrada en vigencia, restan por establecer un par de puntos que son clave para vigilar su cumplimiento, aunque no para garantizarlo. Son los referidos a los mecanismos de supervisión de las medidas acordadas, como congelamiento del gasto, reducción de personal y rebaja de impuestos. Y las sanciones aplicar, en caso de que se observaran desvíos.
En estos aspectos, vale repasar la experiencia de la Unión Europea (UE), luego del Pacto Fiscal de 2012, formalmente conocido como Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, suscripto por 25 de los estados miembros, con la sola excepción del Reino Unido y la República Checa.
Este pacto, la última de varias enmiendas a las originales reglas de Maastricht, tenía por objetivo mejorar la disciplina fiscal, luego de la crisis financiera global que se disparó en 2008, y restablecer los equilibrios para, de esa manera, afianzar la gobernanza de la unión política y monetaria europea.
El Tratado, en distintos artículos y apartados, estableció los procedimientos para evaluar cuándo un déficit es excesivo, las decisiones a tomar en caso de que eso ocurriera y las sanciones correspondientes. Procedimientos algo vagos, o demasiado burocráticos, como el análisis de una Comisión, recomendaciones y planes de encuadramiento para corregir desvíos, e indulgencia con los plazos, hasta multas amables, desde 0,2% hasta 0,5% del PIB a los incumplidores, y la constitución de un depósito no remunerado.
Los parámetros a observar por los firmantes son el de tender al equilibrio presupuestario, con un grado de tolerancia de 0,5 % del PIB para el déficit, que se aumenta a 1% para los estados cuya deuda pública sea inferior a 60 % del PIB.
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