Desde hace varios meses trabajadores, partidos políticos y organizaciones denuncian los planes de Michel Temer para seguir flexibilizando el mundo laboral de Brasil.
Hasta el momento la legislación de ese país establecía como características "análogas a la esclavitud" la realización forzada de jornadas laborales exhaustivas, en condiciones degradantes o por restricción de la capacidad de moverse del trabajador debido a deudas contraídas con el empleador.
Sin embargo, a partir de la reforma aprobada por Temer solo será considerado trabajo esclavo cuando haya "uso de coacción, exista cercenamiento de la libertad de movilidad del trabajador o éste sea obligado a trabajar bajo seguridad armada o por la confiscación de sus documentos personales."
También se beneficia a los empleadores que suelen quedar escrachados en la llamada "lista sucia" de empresas que utilizan trabajo esclavo ya que ahora solo se dará a conocer dicha información si lo decide el Ministro de Trabajo en funciones. 
Los estados donde más casos de condiciones análogas a la esclavitud se han descubierto son Mato Grosso do Sul, Pará, Goiás, Piauí, San Pablo, Minas Gerais y Bahía, en los que hay grandes proyectos agropecuarios, mineros y textiles. Incluso según datos del Ministerio Público del Trabajo y de la Comisión Pastoral de la Tierra -órgano de la Conferencia Nacional de Obispos de gran actuación en cuestiones de derechos de trabajadores campesinos e indígenas-, más de 50.000 personas fueron liberadas de condiciones de esclavitud desde 1995. 
Con más de 200 votos en la Cámara de Diputados, el Frente Parlamentario Rural había solicitado desde hacía tiempo al presidente Temer que modificara la definición de trabajo esclavo que afecta sus negocios.