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El PRO consiguió vía libre para poner el subte en manos privadas



El PRO consiguió vía libre para poner el subte en manos privadas

A solo 36 horas de las elecciones, la Legislatura porteña salió del sopor en el que había caído durante la campaña para abordar la futura gestión del transporte subterráneo de pasajeros y el premetro, un tema que divide aguas, ya que el Ejecutivo quiere mantenerlos en manos privadas, pese al rechazo de la oposición, que reclama la vuelta a la administración estatal.
El 31 de diciembre vencerá el plazo fijado por la ley de emergencia del servicio del subte, sancionada en 2012, y que le permitió a Metrovías, empresa del grupo Roggio, proseguir hasta hoy a cargo del servicio que maneja desde 1994.
La intención del oficialismo es obtener el permiso para salir a convocar players nacionales e internacionales interesados en hacerse cargo de la operación y el mantenimiento por un plazo de 12 años, prorrogable por otros tres, mientras la infraestructura y el plan de inversiones en una red que irremediablemente deberá crecer quedarían a cargo de la sociedad estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase).
En el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, donde se cocina el pliego de la licitación, hablan de un marco transparente y favorable para la aparición de nuevos operadores. De hecho, según supo este diario, hubo presentaciones ante potenciales inversores (pitcheos, en la jerga inversionista) en Hong Kong y París.
No obstante, Metrovías y la oposición ven con dificultad que otros operadores ingresen a operar una red relativamente pequeña, en un mercado con tarifa regulada, con coches en gran parte antiguos, y con un escenario de conflictividad laboral ascendente.
Tras oír a trabajadores y gremialistas molestos con las condiciones laborales, del servicio y del material rodante, las comisiones de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto, y Tránsito y Transporte dieron ayer dictamen al proyecto del Ejecutivo, que contiene una cláusula transitoria que habilita a Metrovías a continuar la operación del servicio hasta el 31 de diciembre de 2018.
Las comisiones también dieron paso a otros seis proyectos de la oposición que, con diferentes matices, proponen la gestión estatal del servicio, tal como reclaman los Metrodelegados.
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