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Piqueteros reclaman a la Ciudad $ 2280 millones con una ley de emergencia social

Piqueteros reclaman a la Ciudad $ 2280 millones con una ley de emergencia social

Manifestantes de la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el denominado triunvirato piquetero, concretaron ayer una jornada de protestas en el centro porteño y marcharon desde el Obelisco hacia la Legislatura local, donde reclamaron que se declare la emergencia social, como ocurrió, a nivel nacional, en diciembre pasado.
Los manifestantes llegaron al Obelisco cerca de las 10 de la mañana tras haber cortado el tránsito desde las 7 en las avenidas Corrientes y Callao, y prolongaron su caminata hasta cubrir Diagonal Sur desde el monumento de Julio Argentino Roca hasta la Plaza de Mayo. Frente a la Legislatura insistieron con su reclamo bajo la consigna "La ciudad puede; el hambre no espera".
El acto, en consonancia con los reclamos realizados días atrás ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, sirvió para que las organizaciones piqueteros presentaran un proyecto de ley con sus demandas, elaborado en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y legisladores de diversos bloques.
En el texto plantean la necesidad de crear un "Consejo de la Economía Popular", destinado a "elaborar propuestas de políticas y de gestión", y "estrategias para el desarrollo de la economía popular", además de auditar la ejecución de las partidas para programas sociales.
Los movimientos también reclaman que se confeccione un "Registro Único de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular", desde el que se daría capacitación, herramientas, maquinarias, insumos y espacios físicos para el desarrollo de actividades productivas a los beneficiarios, además de incentivarlos a finalizar sus estudios. Para poner en marcha ese aparato, reclaman un presupuesto de $ 480 millones anuales.
Además, la iniciativa pretende implementar un "Salario Social Complementario" (SSC) similar y no menor al 50% del valor actual del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), para lo que reclaman otros $ 1800 millones, a repartir entre los beneficiarios. Son, en total, $ 2280 millones.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de los legisladores Carlos Tomada, Andrea Conde, Pablo Ferreyra (FPV), María Rosa Muiños (PJ) Gabriel Fuks (CNM) y Adrián Camps (Socialista Auténtico) pretende que el Gobierno porteño asigne el 2% de su presupuesto para atender las necesidades de más de 150.000 personas en situación de indigencia.
Sin embargo, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce Guadalupe Tagliaferri, advirtieron que las organizaciones ya reciben asistencia para cooperativas de trabajo y como instituciones capacitadoras del programa Formación e Inclusión para el Trabajo, además de alimentos para los comedores que administran. "Las acompañamos desde los distintos programas con los que cuenta el ministerio", justificaron en la cartera porteña.
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