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El Congreso debe decidir si prorroga suspensión de desalojos a indígenas



El Congreso debe decidir si prorroga suspensión de desalojos a indígenas

En medio de la tensión política y social por los reclamos de aparición con vida de Santiago Maldonado, el Congreso deberá decidir en las próximas semanas si prorroga una vez más la Ley 26.160, que mantiene suspendidos desde 2006 los desalojos de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. Esa norma vence el 23 de noviembre y tanto la Iglesia Católica como Amnistía Internacional o el Centro de Estudios Legales y Sociales iniciaron rondas de consulta con los legisladores para conseguir su prórroga. En la Cámara de Diputados, ya hay al menos cuatro proyectos que respaldan esos pedidos: tres son del PJ-Frente para la Victoria y otro es del Movimiento Evita. En el Senado, otros tantos.
El tema viene siendo debatido en el Senado desde hace dos meses, cuando el equipo de la Pastoral Aborigen de la Iglesia se reunió con varios senadores para plantear la cuestión. Incluso, el Senado estuvo a punto de tratar un proyecto de prórroga a mediados de agosto, aunque finalmente la iniciativa no entró en el temario. Ahora, en medio de los reclamos de la comunidad mapuche tras la desaparición de Maldonado, tanto las comunidades como los organismos que las respaldan volvieron a advertir sobre la urgencia de un pronunciamiento ante la inminencia del vencimiento de la última prórroga.
Según algunas charlas informales que tuvieron diputadas opositoras con el oficialismo, Cambiemos estaría dispuesto a habilitar el debate del tema; aunque hay sectores del Gobierno que preferirían que se trate después de la elección del 22 de octubre. Un cronograma de ese tipo exigiría coordinación de las dos Cámaras para completar la sanción de la prórroga en un mes.
La Ley 26.160 declaró en 2006 la emergencia "en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país" y suspendió los desalojos durante cuatro años. En ese plazo, el Estado debía realizar, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por las comunidades, para lo que le fue asignado un presupuesto de $ 30 millones en tres años.
Sin embargo, vencidos los plazos, el relevamiento no se había cumplido, por lo que el Congreso otorgó sucesivas postergaciones hasta este año.

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