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Para frenar juicios laborales, el Gobierno apura el plan para extender el Seclo a todo el país

Para frenar juicios laborales, el Gobierno apura el plan para extender el Seclo a todo el país

El Gobierno está decidido a ir a fondo en su ofensiva para reducir la litigiosidad en el mundo del trabajo, a la que identifica como una de las principales herramientas para morigerar los costos laborales que afrontan las empresas.
Así, a la par de la implementación de los cambios en el sistema de riesgos del trabajo destinados a contener la denominada "industria del juicio", el Ejecutivo dispuso acelerar las negociaciones con las provincias para extender a todo el país en los próximos meses el funcionamiento del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), la instancia administrativa previa al inicio de cualquier demanda judicial vinculada con la legislación laboral.
La apuesta de las autoridades del Ministerio de Trabajo, que encabeza Jorge Triaca, es acortar los tiempos de la resolución de conflictos laborales en el interior del país, y de esa manera compatibilizarlos con los plazos habituales con los que se tramitan en el caso de las empresas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires, y evitar que la mayor parte de esas disputas termine dirimiéndose en el ámbito de la justicia laboral de cada distrito.
"Vamos a trabajar fuerte en los próximos meses para que cada provincia tenga su propio Seclo, de forma de lograr que se alcancen acuerdos más razonables, agilizar la solución de conflictos y tratar de evitar que se sigan acumulando demandas en la Justicia laboral", justificó ante este diario un funcionario de la cartera laboral.
Y enfatizó que esa estrategia se inscribe en el objetivo de contener la "alta judicialidad" del mercado de trabajo, para recortar sus costos y favorecer la creación de empleo. "Todo se va a hacer apostando a un marco institucional para el acuerdo, como se está haciendo con otras cuestiones como los cambios en el sistema de ART", prometieron desde la Casa Rosada.
El denominado Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) fue creado mediante la ley 24.635 en abril de 1996, durante la gestión del ex presidente Carlos Menem, con la función de dirimir todos los reclamos individuales y pluriindividuales sobre conflictos de derecho de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo, lo que involucra a empresas radicadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con domicilio fiscal en el distrito porteño.
La gestión de conciliación del organismo, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, es gratuita para el trabajador y de bajo costo para las firmas empleadoras ($ 3850 por trámite conciliatorio), y los acuerdos sobre relaciones del trabajo pactados voluntariamente por las partes y homologados en el ese marco son considerados "cosa juzgada", por lo que no habilita la instancia judicial posterior.
Si bien la propia ley de creación del organismo estableció la posibilidad de adhesión de las provincias a incorporar el servicio de conciliación, en los últimos 20 años solo Santa Fe, La Rioja y San Juan se sumaron. Recién en febrero pasado la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos Aires suscribió un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Trabajo para que la provincia cuente con la asistencia técnica necesaria para implementar el funcionamiento del Seclo en esa jurisdicción este mismo año.
A su vez, la intención de Triaca es avanzar en las negociaciones con el resto de los gobernadores para sellar convenios similares aún en el período de campaña electoral, que permita extender el alcance del organismo a la mayor parte del territorio del país en el corto plazo.
Las autoridades laborales defienden los logros del servicio de conciliación. Según datos oficiales, solo en 2016 la cantidad de expedientes iniciados alcanzó a 206.818, un 25% más que los comenzados en 2015, cuando se realizaron 165.619 trámites.
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