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Régimen penal empresario: la oposición busca consensos para endurecer el proyecto de ley

Régimen penal empresario: la oposición busca consensos para endurecer el proyecto de ley

La intención de los bloques opositores mayoritarios es introducir cambios sobre la iniciativa del Poder Ejecutivo, tomando como base el proyecto del massismo
La oposición se dedicó el fin de semana a consensuar los cambios que forzará durante el debate del régimen penal empresario, tomando como base el proyecto que había presentado el Frente Renovador, de Sergio Massa, y que tras la reunión en comisiones se convirtió en el primer dictamen de minoría. Eso significa que si un artículo del proyecto oficial es rechazado durante la votación en particular (como sucedió con el primer punto del texto oficial el miércoles), se pondrá a votación el artículo correspondiente del dictamen del massismo.

Por eso, desde el jueves, el día después de la sesión en la que Cambiemos quedó a mitad de camino con la aprobación del proyecto, comenzaron los contactos entre los bloques opositores mayoritarios. La intención de esas bancadas es endurecer el texto que envió el Poder Ejecutivo, con modificaciones que apunten a evitar la extinción de la acción penal aun en los casos en que las empresas partícipes de hechos de corrupción colaboren con la investigación.

Como contó El Cronista en su edición del viernes, los principales cambios que busca la oposición pasan por establecer qué permitirán las negociaciones con los arrepentidos y por la posibilidad (que pretende eliminar) de que el Ejecutivo negocie acuerdos administrativos extra judiciales con empresas que hayan infringido la ley.

En su artículo 5, el proyecto que avala la Casa Rosada establece que las personas jurídicas que colaboren con la investigación quedarán exentas de pena. En su versión original, ese punto apenas permitía atenuar la pena, no borrarla. La oposición reclama (y buscará, articulando una mayoría que supere al interbloque Cambiemos) volver a esa redacción y que la acción penal no se extinga. El punto, tal como está redactado en el dictamen oficial, fue cuestionado por el Frente Renovador, el PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) y el bloque Justicialista. Los opositores expresaron sospechas sobre si el Gobierno no intenta beneficiar con esa fórmula a Iecsa, la empresa que ganó la licitación por el soterramiento del Sarmiento junto a Odebrecht y otras mientras estuvo en manos de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

En cuanto al artículo 37, el consenso extendido entre las bancadas de la oposición es eliminarlo. Ese punto fue cuestionado no sólo por los opositores sino también por especialistas en temas de lucha contra la corrupción y los delitos económicos. En el texto que impulsa el Gobierno, ese artículo establece que, para hechos previos a la sanción de la ley, las empresas arrepentidas podrán negociar con el Procurador del Tesoro y alcanzar acuerdo administrativo extrajudicial. Con esa herramienta, el Ejecutivo podría negociar con Odebrecht para conseguir información sobre las coimas que pagó sorteando la participación del Ministerio Público Fiscal.

Eliminarlo es un punto que los opositores no están dispuestos a negociar.

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