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Peligra la caja de YPF por un proyecto de ley del massismo

Peligra la caja de YPF por un proyecto de ley del massismo

Uno de los jefes de la CGT, Carlos Acuña, junto a dueños de estaciones de servicio, propone eliminar la integración vertical del mercado y quieren manejar sus precios
La comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, que preside el exministro kirchnerista Julio De Vido, convocó para el próximo jueves 13 a YPF y agrupaciones empresariales del sector a debatir un proyecto de ley de comercialización de combustibles que haría peligrar las finanzas de la petrolera semi-estatal.

La idea primordial de la nueva normativa es evitar la integración vertical y brindar una mayor libertad a los dueños de estaciones de servicio. El proyecto surgió el año pasado, tiene el número 5419 en la Cámara baja y está firmado por legisladores nacionales del massismo, como Liliana Schwindt, Azucena Ehcosor, Horacio Alonso, Monica Litza y Carlos Selva, y la kirchnerista Emilia Soria. Lo impulsan la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), que agrupa a los dueños de estaciones de servicio, junto al Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, GNC, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE), que conduce Carlos Acuña, uno de los tres jefes de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Aunque algunas petroleras ya plantearon inquietudes y propuestas para retocar el proyecto, la más perjudicada será YPF. El artículo 3 de la norma establece: "Las empresas petroleras, distribuidoras mayoristas o importadoras de combustibles para uso automotor que operen como proveedoras de comercializadores mayoristas o minoristas sólo deben realizar ventas de combustibles a consumidores directos hasta 15 % de sus ventas totales en el mercado interno". En la práctica, una fuente del sector explicó que este punto toca de lleno el negocio Downstream (refinación y comercialización) de YPF, ya que los obligaría a dejar su red propia de estaciones de servicio, Opessa, o abandonar las ventas mayoristas al transporte público.

Según fuentes de la empresa, el downstream explica más del 60% de la caja de YPF, pero se abstendrán de hacer declaraciones oficiales hasta la semana que viene, cuando Carlos Alfonsi, vicepresidente del área, y Sebastián Mocorrea, encargado de de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales, se presenten en Diputados para defender su posición.

En 2016, el resultado financiero del Downstream de YPF arrojó un beneficio por $ 3093 millones, con una caída de 55,5% respecto al año previo.

Al menos, la petrolera consiguió el apoyo de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), al mando de Antonio Cassia. En un comunicado, la entidad rechazó el proyecto. "Bajo la apariencia de desregular el mercado y fomentar la libre competencia se esconden consecuencias que redundarán en perjuicios para los consumidores, a quienes no se les asegura que los precios finales irán hacia la baja, y principalmente para los trabajadores de estaciones de servicio, que serán la principal válvula de ajuste cuando los costos no cierren o haya que llegar por cualquier medio a las metas prometidas", expresó Cassia.

El artículo 5 del proyecto fija: "Las empresas petroleras no deben fijar a los comercializadores precios de reventa, márgenes de ganancia o cualquier otra condición de comercialización". En concreto, impediría a YPF mantener su actual sistema de consignación, por el que les entrega los combustibles a los estacioneros y les otorga una comisión por sus ventas. Según Carlos Gold, titular de Cecha, "YPF quiere sostener ese esquema porque es una manera de controlar a la red, pero en un país que quiere salir adelante debe primar la libre competencia y que los usuarios puedan elegir a qué estación ir a cargar".

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