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Vidal apura a las provincias para resolver el Fondo para el conurbano



Vidal apura a las provincias para resolver el Fondo para el conurbano

La Corte Suprema ordenó a la provincia de Buenos Aires que notifique al resto de la jurisdicciones que deben ser parte en la causa por el Fondo del conurbano bonaerense
La administración bonaerense de María Eugenia Vidal ya apuró a las demás provincias para que se sienten a discutir el reparto de impuesto frente a los ministros de la Corte Suprema de Justicia nacional, en el marco de lo cual se inserta el problema del Fondo del Conurbano Bonaerense.
El fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Héctor Gómez, emplazó a los gobernadores y procuradores de Estado de las otras provincias, a través de los juzgados federales con sede en cada una de esas jurisdicciones.
Ahora hay que ver qué estrategia elige cada provincia, si mandar escritos para explicar porqué dar más dinero al Fondo del Conurbano dejaría sin financiación sus propias arcas o pedir audiencias frente a la Corte Suprema con el mismo objetivo.
En la causa, la provincia de Buenos Aires demanda al Estado nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 104 inc. b) de la Ley de Impuesto a las Ganancias; la inconstitucionalidad del inc. d) del mismo artículo; que la inconstitucionalidad se extienda a cualquier otra norma que se pueda dictar en el futuro con similares términos; se condene al Estado nacional a reintegrar las sumas no prescriptas que dejó de percibir la provincia y se dicte una medida cautelar que suspenda la aplicación del tope que fija el artículo 104, inc. b) de la Ley de Ganancias.
El artículo 104 inc. b) dispone que de lo que se recaude por ese tributo, el 10 % le corresponde a la provincia de Buenos Aires, con destino al Fondo de Financiamiento de Programas Sociales en el Conurbano Bonaerense. El artículo fue incorporado al texto de la ley en 1992.
Sin embargo, cuatro años después el Congreso nacional fijó un límite: de ese 10% la provincia sólo recibiría anualmente $ 650 millones; el resto se distribuiría entre el resto de las provincias.
Por último, el inciso d) del artículo 104 de la ley estipula que el 4% de lo recaudado se distribuye entre todas las provincias, excluida Buenos Aires.
El Estado nacional respondió oponiéndose a que se decrete la inconstitucionalidad pretendida. Afirmó que a partir de la crisis del 2001 existe un desequilibrio económico financiero general que requiere de profundas reformas estructurales.
Reconoce que existe una inocultable distorsión a partir de la aplicación del tope de $ 650 millones. Solicita que se cite al resto de las provincias, ya que la decisión a la que arribe la Corte puede afectar sus intereses. Al respecto expone que si se hace lugar a la demanda, se reduciría la participación de las otras jurisdicciones. Y aseguró que no es titular de la relación jurídica sustancial que da motivo a la controversia, porque no es beneficiario de los montos que reclama Buenos Aires, desgranó Pablo H. Della Picca, abogado y relator en el Tribunal Fiscal de la Nación.
Así las cosas, la Corte decidió citar a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán para que comparezcan a tomar la intervención que pudiera corresponderles en defensa de sus derechos.
Pero a fin de que el emplazamiento de esos estados se llevase a cabo en un período de tiempo limitado, y así evitar retrasos, la Corte fijó 15 días para que la provincia de Buenos Aires acreditase las debidas comunicaciones a los juzgados federales de cada una de las ciudades capitales de las provincias. Esto lo que cumplió ahora el fiscal Gómez.
Della Picca opinó que no es la Ley de Coparticipación lo que está en discusión sino el tema particular de la distribución de una parte del Impuesto a las Ganancias.

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