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Venezuela podría dejar de ser una farsa para convertirse en tragedia

Venezuela podría dejar de ser una farsa para convertirse en tragedia

Pocos creen en la versión de los hechos que dio el gobierno. Pero Maduro aprovechó la ocasión y llamó a sus seguidores a liberar al país a través de las armas
El último hecho apenas creíble que se produjo en Venezuela es un giro argumental apenas digno de una película clase B. El martes, un comandante rebelde de la policía supuestamente secuestró un helicóptero, llamó a la rebelión y lanzó granadas a la sede de la Corte Suprema, disparó contra el Ministerio del Interior y desapareció. No hubo heridos.
Oscar Pérez, el atacante, hasta protagonizó el film de bajo presupuesto Muerte suspendida, que se exhibió en 2015. Un video posteado antes del ataque en su cuenta de Instagram –que también muestra escenas de él disparando de espalda a un blanco colocado sobre un maniquí con la ayuda de un espejo– lo muestra pidiendo el derrocamiento del gobierno.
Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, aseguró que el vuelo "fue un ataque terrorista y golpista" apuntado a desestabilizar el gobierno. "Es el tipo de escalda sobre la que vengo adivirtiéndoles", afirmó.
Pero pocos creen en su versión de los hechos en un país que proclama las ventajas del socialismo, pero donde el 82% de los hogares vive en la pobreza, según el estudio Encovi (Encuesta sobre las condiciones de vida en Venezuela) de 2016.
Una fuente de duda es que la fuerza aérea venezolana nunca se movilizó, pese a su nuevo sistema ruso de defensa aérea. "Es inexplicable, dadas las increíbles sumas que gastaron en sistemas armados ... en los últimos 12 años", señaló Rocío San Miguel, una especialista en defensa.
Más bien, muchos sospechan que el extraño incidente, que se produce tres meses después de protestas contra el gobierno –en las que murieron 80 personas–, fue un tosco espectáculo para desviar la atención. Temprano esa día, la Asamblea Nacional controlada por la oposición, el único poder del estado no coptado por el gobierno de Maduro, fue invadido por la Guardia Nacional.
A la fiscal general Luisa Ortega, ex aliada del gobierno que se convirtió en una feroz opositora, también le quitaron algunos de sus poderes. Ortega acusó a Maduro de cometer "terrorismo de estado" y dijo que no reconocerá los fallos. El miércoles, su cuenta bancaria fue congelada y se le prohibió salir del país.
Independientemente de lo que haya pasado, una cosa queda clara: Maduro –casi la mitad de los miembros de su gabinete son generales– tiene una excusa para intensificar la represión.
El ex líder sindical prometió tomar las armas si este régimen es derrocado. "Nunca nos rendiremos... Liberaremos a nuestro país con las armas", repitió esta semana.
Maduro ahora busca afianzar el control de la convención del 30 de julio que redactará una nueva constitución, probablemente cancele las elecciones programadas y anule todos los organismos del estado, incluyendo la Asamblea Nacional, que fue elegida democráticamente.
El resultado sería una dictadura al estilo cubano en un país que actúa como importante ruta para el narcotráfico y cuenta con las reservas de energía más grandes del mundo, todo a pocas horas de vuelo de Estados Unidos.
Si pudieran, tres cuartas partes de los venezolanos rechazarían la redacción de una constitución nueva, indican las encuestas. De hecho, la anarquía –que incluye inflación de tres dígitos, y las tasas de homicidios más altas del mundo– probablemente se acelerare a medida que se acerque el 30 de julio. En Maracay, al oeste de Caracas, 200 personas fueron arrestadas después de violentos saqueos ocurridos el lunes.
La comunidad internacional está esencialmente perdida en cuanto a qué hacer. Angela Merkel, la canciller alemana, está preocupada. El presidente de Perú advierte que habrá un "baño de sangre". Incluso aliados como Rafael Correa, el ex presidente izquierdista de Ecuador, cree que la solución es llamar a elecciones libres.
Pero en una reciente cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) no se logró el consenso necesario para condenar la redacción de una nueva constitución después de que varios estados del Caribe, que se han beneficiado de la anterior generosidad petrolera de Venezuela, votaron en contra de la medida.
La mejor solución quizás sean sanciones financieras contra funcionarios que se hayan beneficiado de la corrupción estatal. Desde 2000 se han robado cerca de u$s 300.000 millones, según estiman ex ministros.
Mientras tanto, la farsa de Venezuela se convierte en tragedia. "La violencia... aumentará", advirtió Raul Gallegos, analista de Control Risks y autor de Nación cruda: cómo las riquezas del petróleo arruinaron Venezuela.

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