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Responsabilidad Penal Empresaria: el Gobierno busca quórum y votos

Responsabilidad Penal Empresaria: el Gobierno busca quórum y votos

El oficialismo negociaba anoche contrarreloj para lograr que la Cámara baja apruebe la iniciativa. Consiguió el apoyo del bloque Justicialista y buscaba a Massa
El interbloque oficialista en la Cámara de Diputados negociaba anoche con parte de la oposición, en búsqueda del quórum y los votos para darle media sanción hoy al proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. La iniciativa apunta a extender la ley penal a las personas jurídicas y contiene además un artículo, cuestionado por especialistas, con el que el Ejecutivo quiere darse herramientas para negociar con Odebrecht sorteando la participación del Ministerio Público Fiscal.
Mientras el PJ-Frente para la Victoria ya definió que no colaborará con el quórum, en Cambiemos confiaban anoche en contar con la ayuda del bloque Justicialista, de Oscar Romero y de Diego Bossio, para abrir la sesión. Tras una reunión, en esa bancada confirmaron a El Cronista que la decisión es dar quórum aunque como pedirán varios cambios, también propondrán que el proyecto vuelva a ser debatido en comisión. Si ese pedido se impone, apoyado por otros bloques opositores (como sucedió hace ocho meses con la Ley de Participación Público Privada), el Gobierno enfrentará una demora clave. El oficialismo, que sabe que deberá hacer varias modificaciones para lograr la media sanción, buscaba además garantizarse el apoyo del Frente Renovador, de Sergio Massa.
En la reunión de comisiones, el proyecto oficial no tuvo el apoyo de ningún bloque opositor. Allí, el Frente Renovador presentó un dictamen alternativo al de Cambiemos, en el que propuso regular la responsabilidad penal para todos los delitos, no sólo la corrupción (como establece el texto que envió el Poder Ejecutivo). Además, el proyecto del massismo considera que a las empresas que colaboren con información sobre los delitos que cometieron se les podrá atenuar la pena, pero no eximirlas, como propone el Gobierno.
Anoche el massismo se encontraba reunido definiendo cómo se posicionará frente al proyecto. Los contactos con el oficialismo eran constantes. La negociación la llevaban adelante los radicales Luis Petri y María Gabriela Burgos por Cambiemos; y Juan Brügge y Mónica Litza por el Frente Renovador.
Una diferencia clave entre ambas iniciativas pasa por el cuestionado artículo 37. En el proyecto oficial, quien negocia con las empresas arrepentidas que quieran dar información sobre hechos de corrupción, será el Ministerio Público Fiscal, con una excepción clave: para hechos previos a la ley, podrá negociar el Procurador del Tesoro y alcanzar con la firma un acuerdo administrativo.
Ese punto fue criticado por el ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido, que lo consideró un "injerto" a la medida de Odebrecht; y por el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, Agustín Carrara, para quien el punto va en contra de la división constitucional de poderes.
En términos generales, con la ley las empresas pasarán a ser responsables por los delitos de corrupción realizados en su nombre por sus dueños, gerentes o cualquier otro empleado. En cambio, no serán culpadas si el delito se realiza en beneficio exclusivo de una persona física.

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