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La oposición reclama más cambios para aprobar el régimen penal para empresas

La oposición reclama más cambios para aprobar el régimen penal para empresas

Luego del cuarto intermedio que pidió Carrió, comenzaron los contactos para acordar las modificaciones. Hay tres ejes principales de discusión en la Cámara de Diputados
Tras el paso en falso de Cambiemos el miércoles, cuando quedó a mitad de camino en su intento de aprobar el régimen penal para empresas en la Cámara de Diputados, oficialismo y oposición comenzaron a negociar los cambios que sufrirá el proyecto en el recinto para conseguir la sanción. Las modificaciones que piden los bloques opositores son numerosas, aunque las principales pasan por tres ejes: qué delitos estarán alcanzados por la ley, qué permitirán las negociaciones con los arrepentidos, y la posibilidad de que el Ejecutivo negocie acuerdos administrativos extra judiciales con empresas que hayan infringido la ley.
El primer tema, los delitos que abarcará la norma, ya fue materia de debate en el recinto y resultó el punto de inflexión para que Cambiemos pida el cuarto intermedio vigente. Fue cuando, en la votación particular, el artículo 1 terminó rechazado. El oficialismo, que es minoría, no aceptó los cambios pedidos por la oposición para ampliar el rango de delitos alcanzado por la ley, y perdió la votación.
Caído el artículo 1 del proyecto oficial, deberá someterse a votación el artículo 1 del primer dictamen de minoría, que es del Frente Renovador. Ese bloque propone que el régimen penal para empresas abarque a todos los delitos incluidos en el Código Penal, no sólo a la corrupción como quiere el Gobierno. Así, las personas jurídicas también podrían ser penalmente responsables por, por ejemplo, contaminación.
El segundo punto de discusión fuerte pasa por el artículo 5. El proyecto oficial establece que quedarán exentas de pena las empresas que colaboren con información sobre delitos de corrupción de los que hayan participado. La oposición reclama que la acción penal no se extinga, sino que se atenúe.
El Frente Renovador y en el PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV) cuestionaron el miércoles la posibilidad de que haya una condonación total de la pena y expresaron sospechas sobre si con ese punto el Gobierno no apuntará a beneficiar a Iecsa, la empresa que ganó la licitación por el soterramiento del Sarmiento junto a Odebrecht y otras mientras estuvo en manos de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Y el último gran punto de debate coincide con el último artículo del proyecto, el 37. En el proyecto del Gobierno, ese ítem establece que para hechos previos a la sanción de la ley, las empresas arrepentidas podrán negociar con el Procurador del Tesoro y alcanzar acuerdo administrativo extrajudicial. El objetivo claro de este punto es permitirle a una oficina que depende del Poder Ejecutivo negociar con Odebrecht para conseguir información sobre las coimas que la empresa pagó en la Argentina sorteando la participación del Ministerio Público Fiscal. Eso, advierten los opositores, es inconstitucional y viola la división de poderes.

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