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La democracia participativa retrocedió 20 años



La democracia participativa retrocedió 20 años


El 27 de junio de 1996, en la Reserva Ecológica Costanera Sur, ONGs. vecinalistas y ambientalistas agrupados en la Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos (APEVU), se reunieron con candidatos a Convencionales Estatuyentes que tendrían a su cargo la redacción de la futura Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces se acordó impulsar una nueva forma de participación, conocida como ‘Banca del Vecino’, para permitir a los ciudadanos expresarse, bajo determinadas condiciones, en las reuniones ordinarias de la futura Legislatura. Este derecho no fue incorporado al texto constitucional, pero sí quedó establecido en los artículos 76 y 77 del reglamento del cuerpo legislativo con el nombre ‘Tribuna Popular‘. Para que pudiese llevarse a la práctica, solo se necesitaba aprobar una resolución fijando las condiciones para la inscripción de los vecinos, el momento de la sesión en que podrían hacer uso de la palabra y otras cuestiones de trámite.
Desde el momento en que se conformó la Legislatura, hace casi 20 años, se presentaron más de 50 proyectos de reglamento para que pudiese ejercerse la Tribuna Popular, ninguno de ellos fue tratado. Ante esta negativa, un ciudadano elevó su reclamo a la justicia y obtuvo resoluciones favorables en dos instancias. Un fallo de Cámara estableció una multa progresiva, a pagar por la Legislatura, por cada día de incumplimiento.
Personalmente, como Diputado de la Ciudad, presenté proyectos de reglamentación de la Tribuna Popular desde el 2010; el último de ellos en 2017 (164-D-2017).
Acuciado por la intimación judicial, el oficialismo elaboró una estrategia para que se aprobara un proyecto que permitiese cumplir con el requerimiento de la justicia pero que resulte prácticamente incumplible. Con dicho fin se estableció que la Tribuna Popular no podrá ejercerse en las sesiones ordinarias (que se hacen los días jueves), sino en una reunión especial convocada con la firma de 31 diputados (mayoría que solo el oficialismo puede reunir) con 48 horas de anticipación. Vale aclarar que las reuniones especiales para cualquier otro tema, pueden solicitarse con solo 20 firmas y que cualquier actividad de participación ciudadana se convoca con meses de anticipación y se publicita en medios gráficos de circulación masiva. Otra perlita es el plazo otorgado para la inscripción de los vecinos: Dos horas antes del inicio de la sesión, ni un minuto más, ni uno menos.
Obviamente, lo más probable es que la Tribuna Popular no se convoque nunca y que, si lo hacen, ningún vecino se entere de la convocatoria. El proyecto, que fue resistido por un importante arco opositor, terminó aprobado con el mínimo necesario de 31 votos, aportados por el PRO; Confianza Pública (Graciela Ocaña) y la Coalición Cívica, todos aliados en el frente electoral ‘Vamos Juntos’.
De esta forma la Ciudad quedó retrasada respecto de Mar del Plata; Tandil; Bahía Blanca; Bariloche, San Martín de los Andes y Río Grande, que tienen implementado este sistema en las reuniones orgánicas de sus cuerpos legislativos. Con la sanción de esta reglamentación de la Tribuna Popular el PRO y sus aliados nos han hecho retroceder 20 años en materia de Democracia Participativa.
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