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Garrido: "Echarle la culpa por Odebrecht a Gils Carbó es patear la pelota afuera"

Garrido: "Echarle la culpa por Odebrecht a Gils Carbó es patear la pelota afuera"

Define al artículo que permitiría negociar con la empresa brasileña como "un injerto" y evalúa que el Gobierno debería ofrecer mayores garantías de transparencia

Corría marzo de 2009 cuando Manuel Garrido renunció como fiscal de Investigaciones Administrativas. Se fue acusando a su entonces jefe, el procurador Esteban Righi, de recortarle funciones. Garrido era el autor de algunas de las más importantes denuncias de corrupción contra funcionarios kirchneristas. Después de ese portazo, fue diputado nacional por la UCR y referencia en temas de lucha contra la corrupción.
En una entrevista con El Cronista, Garrido consideró que el proyecto de Ley de Responsabilidad Empresaria que impulsa el Gobierno es necesario, pero advirtió que el Ejecutivo debe "ofrecer mayores garantías de transparencia" en la negociación que pretende con Odebrecht para que la firma confiese a quiénes les pagó coimas. "Echarle la culpa a la procuradora (Alejandra Gils Carbó) en este tema es patear la pelota afuera. Hay denuncias contra (el titular de la AFI, Gustavo) Arribas, está sospechada Iecsa...", observó.
–¿Qué le parece el proyecto?
–Puede servir para favorecer la obtención de información en las investigaciones. La Argentina estaba comprometida por varias convenciones internacionales a regular de manera seria la responsabilidad de las empresas. Hasta ahora había regulaciones administrativas, pero no se aplicaban. No hay un control serio. Así que es una brecha que la Argentina tiene que cerrar. La ley viene siendo impulsada hace tiempo y es una de las asignaturas pendientes. No es consecuencia de Odebrecht.
–Pero el artículo 37 permitiría negociar con Odebrecht.
–Eso sí. Es un injerto para responder a la coyuntura del Gobierno con Odebrecht. Establece la posibilidad de negociar la responsabilidad administrativa a cambio de información. Pero no contempla un control adecuado. No puede ser que la negociación del acuerdo se deje librada al Procurador del Tesoro y la Sigen. Por un lado porque la Sigen sólo hace un control formal, y por otro porque ambos dependen del Poder Ejecutivo. No es un control adecuado. Sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de que en esos acuerdos se defina continuidad de los contratos en curso. Si van a decidir, que es lo que le importa a la empresa, esa continuidad, y van a acordar el pago de multas, debe haber un control más serio.
 
–¿Afectará a la Justicia?
–El acuerdo al que se pueda llegar no es oponible a los jueces ni a los fiscales. Además, el proyecto no toca la Ley de Contrataciones, que dice que el pago de sobornos implica la rescisión de los contratos. Así que no está claro cuál va a a ser el alcance de esa negociación.
–¿Ese punto fue redactado a medida para correr a la Procuración?
–Está claro que el Ministerio de Justicia tiene un discurso en contra de la Procuración. Es muy malo que este tema tan delicado termine contaminado por esta puja entre el Poder Ejecutivo y los fiscales. Si lo que buscan es correr a los fiscales, no sé qué éxito pueden tener. El artículo 37 está hecho a medida de los intereses de Odebrecht, que quiere continuar con el contrato. De hecho, suprimieron del proyecto original el registro público de empresas infractoras. Y, con las sospechas que existen sobre la relación entre Iecsa y Odebrecht, el artículo 37 no contempla la mínima necesidad de no contaminación entre los intereses de la empresa y los intereses del Estado. Echarle la culpa a la procuradora en este tema es patear la pelota afuera. Hay denuncias contra Arribas, está sospechada Iecsa... el oficialismo debería ofrecer mayores garantías de transparencia. No tiene credibilidad que lo negocie alguien que dependa del Presidente.
–¿Qué habría que hacer con ese artículo, eliminarlo o mejorarlo?
–Deberían mejorarlo. Incluir a la Auditoría General de la Nación o a la comisión mixta del Congreso. Si lo borrás, bloqueás una vía de acceso a la información. Además, hay que pensarlo, pero cortar de cuajo la contratación podría ser perjudicial para fuentes de trabajo y para el Estado per se. Hay que analizarlo bien.

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