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Cambiemos destrabó el trámite y avanza Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

Cambiemos destrabó el trámite y avanza Ley de Responsabilidad Penal Empresaria

El proyecto establece un régimen penal para personas jurídicas que cometan delitos de corrupción. Sólo fue apoyado por los legisladores de Cambiemos
Tras ocho meses de idas y vueltas y luego del intento fallido de este miércoles, el oficialismo de la Cámara de Diputados finalmente logró ayer el dictamen favorable para el proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Empresaria.
La iniciativa, que establece penas a personas jurídicas por delitos de corrupción, incluye la posibilidad de que las empresas firmen acuerdos administrativos con el Estado para confesar delitos de años anteriores. Con ese artículo, cuestionado por especialistas, el Gobierno apunta a conseguir información de las coimas que pagó la brasileña Odebrecht los últimos años.
El proyecto que los legisladores de Cambiemos consensuaron con el Poder Ejecutivo no tuvo respaldo de ningún bloque opositor. El Frente Renovador, el bloque Justicialista y la izquierda, que ayer dieron quórum para permitir el debate y el dictamen, irán con textos alternativos.
Nuevamente, de la discusión en comisiones no participó ningún diputado del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV).
"Venimos trabajando desde hace meses con compromiso. Hemos mejorado mucho la ley. Es más fuerte en cuanto a aplicación de sanciones. Espero le demos sanción lo antes posible", pidió el macrista Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General. El Gobierno pretende que sea debatido en el recinto de la Cámara de Diputados el miércoles 28 de junio.
La iniciativa alcanzará a sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas; que pasarán a ser responsables por los delitos de corrupción realizados en su nombre por sus dueños, gerentes o cualquier otro empleado. En cambio, no serán culpadas si el delito se realiza en beneficio exclusivo de una persona física.
La acción penal, en esos casos, sólo caerá en los casos en que el delito prescriba o cuando la empresa acepte un acuerdo de colaboración eficaz. El proyecto faculta al Ministerio Público Fiscal a celebrar esos acuerdos con empresas que cooperen a cambio de la suspensión de la persecución, "a través de la revelación de información o datos precisos, útiles, completos y comprobables para el esclarecimiento de los hechos". Ese acuerdo sólo podrá firmarse hasta la citación a juicio. Después, la posibilidad quedará clausurada.
Para acceder a la figura del colaborador eficaz, además, la empresa deberá pagar una suma reparatoria no inferior al 0,1% de sus ingresos brutos anuales; restituir las ganancias obtenidas como fruto del delito; y aplicar medidas disciplinarias.
Las sanciones para las que sean condenadas, uno de los puntos que sufrió modificaciones esta semana, irán del 0,5% al 20% de los ingresos brutos anuales según el último ejercicio anterior a la comisión del delito; además de que las empresas serán pasibles de una suspensión total o parcial de sus actividades hasta por un máximo de diez años; la suspensión del uso de patentes y marcas; y la pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios de los que goce, entre otros puntos.
La sanción más dura contemplada en el proyecto incluye la disolución y liquidación de la persona jurídica. Una pena que, según establece el proyecto, sólo podrá aplicarse si la empresa hubiese sido creada al solo efecto de delinquir.
Las penas podrán reducirse hasta la mitad si las empresas colaboran voluntariamente para denunciar el delito o si implementan un "programa de integridad" definido en el texto.

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