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Una pericia podría hacer caer la investigación del caso Pauluk

Una pericia podría hacer caer la investigación del caso Pauluk
Las diferencias detectadas entre dos informes que fueron pedidos a la misma empresa prestataria del servicio de telefonía celular abrieron en los últimos días cierto interrogante en torno a la participación de la gitana Patricia ‘Lola’ Miguel (39) en el homicidio del ingeniero informático posadeño Javier Pauluk (35).


En un informe que figura en el expediente, la mujer -que fue procesada con prisión preventiva como partícipe secundario- fue colocada como dueña de la línea con la cual se habría utilizado el teléfono celular de la víctima pocos días después del asesinato. Pero ahora, un informe similar solicitado por el abogado de la sospechosa a la misma empresa y certificado por un escribano público, da cuenta que el número en cuestión estuvo activo durante siete años a nombre de otra persona.

El primero fue solicitado por el propio Juez de Instrucción Uno, Marcelo Cardozo, y el resultado fue el primer vínculo de la mujer con el asesinato. Fue el puntapié inicial de una exhaustiva investigación que habría confirmado con alto grado de certeza que la mujer tuvo en sus manos el teléfono del ingeniero, y estaría de manifiesto en un registro de llamadas y mensajes de textos que supuestamente envió.
Según el expediente, eso pasó ocho días después del asesinato. El 18 de abril de 2009 a las 21.54, su línea telefónica de la empresa Personal impactó en el aparato Motorola robado a la víctima. De acuerdo a las pericias que se hicieron, estuvo activo con el mismo número durante cuatro días, es decir, hasta el 22.

El segundo informe, que contradice al primero, había sido pedido por el abogado particular de la sospechosa, Javier Noguera, y es tan distinto que indica que dicha línea estuvo registrada a nombre de un hombre que la activó en el año 2007 y dio de baja en 2014.

Este contrapunto obligó al magistrado a solicitar nuevamente al responsable de altas y bajas de la empresa de telefonía un nuevo informe, en busca de confirmar el primero. La defensa de la gitana en tanto, evalúa pedir que citen a declarar al sujeto mencionado como dueño de la línea para que ratifique o rectifique la posesión de ese número.

Siguen detenidos
Por lo pronto, mientras esas diferencias se aclaran, la gitana continúa detenida en una celda de la Alcaidía de Mujeres, en Miguel Lanús. Su situación procesal es similar al del remisero obereño David Martínez (36), quien también está con prisión preventiva por el mismo delito ya que el uso del aparato con un chip a su nombre lo sujeta al misterioso crimen del ingeniero.

Sus detenciones se produjeron en tiempos distintos. Primero fue el trabajador del volante, que cayó en el allanamiento a su casa de Oberá y a los pocos días fue trasladado a Posadas, pero se abstuvo de declarar ante el magistrado que ordenó que siga preso en la Seccional Cuarta de la Capital del Monte, con prisión preventiva ante el riesgo procesal de fuga.

En cuanto a la gitana, su aprehensión se produjo en Córdoba, donde vive desde hace años. Como no se presentó de forma voluntaria ante el requerimiento judicial una comitiva policial la buscó y trajo a Misiones. En su declaración, afirmó que no conocía al ingeniero, ni a sus allegados y jamás tuvo en sus manos el teléfono celular, lo que deberá probar.

Su familia reclama mejores condiciones para la sospechosa, ya que sufriría trastornos en la salud debido a su obesidad y al perecer requiere atención médica casi diaria. Indicaron además que por ese motivo debería someterse en breve a una intervención quirúrgica.

En noviembre del año pasado el juez Cardozo rechazó un pedido de excarcelación por falta de arraigo y peligro de fuga. Por eso pedirían el beneficio de prisión domiciliaria sustentado en las supuestas afecciones que padece. El deseo de la gitana es seguir el proceso en libertad.

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